Resumen: Se recurre una sentencia que desestima la pretensión de reconocimiento del derecho al percibo de una prestación por IPT. Se desestima no sin antes precisar conceptos. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. La invalidez permanente configurada en la acción protectora de la Seguridad Social es de tipo profesional y por ello, para su debida calificación hay que partir de las lesiones que presenta el beneficiario y ponerlas en relación con su actividad laboral para comprobar las dificultades que provocan en la ejecución de las tareas específicas de su profesión, y proceder a declarar la invalidez permanente total cuando inhabilitan para desarrollar todas o las más importantes tareas de su profesión habitual, con un mínimo de capacidad o eficacia y con rendimiento económico aprovechable y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia. Para determinar el grado de invalidez más que atender a las lesiones hay que atender a las limitaciones que las mismas representen en orden al desarrollo de la actividad laboral cuyos requerimientos son valorados atendiendo, de modo indicativo, a la guía de valoración profesional del INSS.
Resumen: En los despidos objetivos realizados durante la vigencia de la pandemia que estén relacionados con la Covid 19, incumbe a la empresa acreditar que las circunstancias que motivaron el despido son estructurales y no meramente coyunturales y que las medidas de flexibilidad interna de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 son insuficientes para paliar su situación crítica. Aunque la pandemia haya influido en la situación de la empresa, es procedente el despido por causas económicas y productivas cuando concurre una crisis estructural iniciada antes de la pandemia y proyectada hacia el futuro. Reitera doctrina establecida, en relación con la misma empresa, en sentencias 524/2023, de 18 de julio (rcud 2055/2022) y 530/2023, de 19 de julio (rcud 2092/2022).
Resumen: Se cuestiona si el devengo de las pagas extraordinarias debe hacerse en cómputo anual o semestral. La Sala de Suplicación desestimó el recurso de la demandada interpuesto contra la sentencia de instancia que había condenado a la recurrente al pago de 408,94 euros, más el 10% en concepto de interés por mora. La Sala Cuarta, a la vista de lo reclamado en demanda y de la pretensión articulada en la misma, dio audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal ante una posible falta de competencia funcional. Como ya ha resuelto la Sala Cuarta en otro asunto similar al presente, no podía tener acceso al recurso de suplicación la sentencia dictada en la instancia como tampoco resulta procedente, en consecuencia, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no superar la pretensión articulada en la demanda el importe de 3000 euros ni existir afectación general. La competencia funcional es materia de orden público procesal que la Sala puede examinar de oficio y por ello, atendiendo a lo que disponen los apartados 1 g) y 3 b) del art. 191, en relación con el art. 192 de la LRJS, en el presente lo peticionado es de cuantía inferior al límite legal que permite el acceso al recurso. Respecto de la afectación general, tampoco concurre como lo ha indicado la Sala Cuarta, en la STS 394/2023, de 31 de mayo (rcud 3194/2022) en asunto procedente del mismo tribunal y respecto de la misma recurrente y otro trabajador del mismo centro y bajo una misma pretensión.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, ha confirmado la interpretación que la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional realiza de los apartados X y XII del Acuerdo Marco de relaciones laborales firmado en el proceso de despido colectivo, suscrito con fecha 2-12-2020, al considerar que no contraviene los artículos 44 y 48.3 del Convenio del Metal de Madrid. Ante la Sala IV el sindicato recurrente denunció que la negociación colectiva de un Acuerdo extraestutario no puede suponer una merma en los derechos de los trabajadores de un Convenio colectivo estatutario, por prevalencia del principio de jerarquía normativa. Pero, el TS no comparte tal parecer, y por lo que atañe al apartado X "Servicio Lanzadera", declara que no suprime el derecho a dietas ni el abono de los gastos de locomoción del art. 44 del convenio, al estar diseñado exclusivamente para conectar centros de trabajo y rutas en las que no es necesario vehículo propio. Lo mismo predica del apartado XII "Distribución irregular de la jornada: bolsa de horas", porque no contraviene el espíritu del convenio, estando prevista como mera eventualidad cuando concurran determinadas circunstancias. En conclusión, la interpretación efectuada por la Sala de origen es adecuada, lógica y coherente con la letra y finalidad de los apartados den Acuerdo en cuestión. Se desestima el recurso.
